La empresa estatal, Transport for London, emitió un comunicado en el que explica la situación del transporte regional en la transición hacia cero emisiones en 2030. Con casi 1000 buses eléctricos son la flota más grande de Europa.
La empresa de viajes compartidos invertirá £ 5 millones para la creación de 700 suministros de carga eléctrica. La intención es que para fines de 2022 sus vehículos sean eléctricos y la aplicación se llame Green Uber. Los conductores que manejen incrementarán un 13% su salario.
Así lo destacó la consultora internacional Clean Cities Campaign, que analizó 36 ciudades europeas en torno a su relación con el medio ambiente. Amsterdam (Holanda) y Helsinki (Finlandia) completaron el podio. Nápoles (Italia) y Cracovia (Polonia) son las más contaminadas.
La empresa encargada de gestionar la movilidad alemana anunció la llegada de siete vehículos eléctricos que completarán la línea 934, una de las más contaminantes. Así buscan reducir el impacto ambiental y las emisiones. Estiman un ahorro de 1.000 toneladas de CO2 al año.
Para lograr esta medida, desde el Ministerio de Transporte presentaron el proyecto “Fondo Desafío de Autobuses de Emisión Cero” por £ 62 millones. Se incorporarán 276 buses eléctricos.
Desde el gobierno, con la ayuda del Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, Sustentables y Sostenibles, elaboraron un plan que permite reducir 273 mil toneladas de emisiones de CO2 solo del transporte público.
Se trata de 30 buses eléctricos que fueron impulsados por el Ministerio de Transporte y la empresa Golden Dragon Bus Company. Buscan seguir el ejemplo de Londres y mejorar la calidad del aire por medio de la descarbonización.
A través de la tecnología piezoeléctrica, el país asiático transforma el paso de millones de peatones en electricidad limpia, una innovación que redefine la relación entre las personas y la energía. Un nuevo avance de las ciudades inteligentes
Buscarán implementar un sistema de gobierno inteligente copiando el modelo de la República de Estonia. La idea es que los organismos estatales no soliciten información que ya tenga disponible a la ciudadanía.