Con la promesa de generar una acción concreta y universal para reducir el impacto ambiental de los procesos de urbanización a nivel mundial, los países del mundo se han aliado en búsqueda de la unificación de una Agenda Urbana. Ya pasaron seis años de su constitución, pero no se ha avanzado lo esperado.
Según expresó la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Nueva Agenda Urbana es un “documento creado por los Estados Miembros que se centra en las funciones de los gobiernos nacionales sobre promoción de la vivienda y desarrollo urbano sostenible, pero también pone de relieve la necesidad de fomentar la participación de una amplia gama de interesados no gubernamentales en su aplicación”.
La Agenda realza la necesidad de contar con orientaciones prácticas basadas en datos empíricos, innovaciones y relaciones sólidas entre la ciencia y la política en la planificación urbana y territorial y la formulación de las políticas correspondientes.
Para ello, según resumieron en un documento oficial que marca la hoja de ruta de la Agenda, se enumeran tres prioridades principales: la gobernanza, la planificación y las finanzas. “Si bien llevará algún tiempo aplicar los cambios sugeridos, seguir centrándose en los elementos fundamentales, como se ha descrito más arriba, aumentará la probabilidad de realizar progresos importantes para las personas que viven en las ciudades y regiones de todo el mundo”, concluyó.
Actualidad de la Nueva Agenda Urbana
¿Dónde quedaron los desafíos urbanos asumidos por los países líderes del mundo? ¿Se avanzó lo necesario en una situación crítica como la actual? ¿Hay un compromiso real de los gobiernos nacionales en avanzar hacia ciudades sustentables? En búsqueda de esas respuestas se llevó a cabo la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General, donde se presentó el Segundo Informe Cuadrienal sobre los avances en la implementación de la Nueva Agenda Urbana.
Allí diversos especialistas en la materia, analistas y funcionarios se reunieron para ver los avances en base a cuatro pilares claves de acción promovidos por la agenda: poner fin a la pobreza y combatir las desigualdades; impulsar economías urbanas equitativas y sostenibles; desvincular la urbanización de la contaminación ambiental, y promover enfoques de planificación urbana participativos para la prevención de crisis urbanas.
La reunión se llevó a cabo en clave de preocupación por la rápida urbanización de algunas ciudades y la imposibilidad de brindar los servicios básicos a los ciudadanos. Algo que quedó en total evidencia durante la pandemia de Covid-19, que doblegó las capacidades mundiales en cuestiones sanitarias.
La mala distribución de las riquezas del mundo, la falta de compromiso de los gobiernos mundiales en materia sustentable y la incapacidad económica de afrontar grandes desafíos son parte de un menú poco alentador para lograr un desarrollo urbano mesurado, sostenible y equitativo.
Cabe mencionar, para ejemplificar, que mientras continentes como África y Asia crecen a un ritmo intenso, hay otras ciudades del mundo donde las tasas de natalidad están por debajo de la media histórica de los territorios.
El que se mostró en esa misma línea fue el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Abdulla Shahid, quien presidió la reunión: “Si bien la urbanización sostenible está relacionada con el logro de todos los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), solo unos pocos países pueden afirmar verdaderamente que cuentan con la gobernanza y las políticas necesarias, incluso sobre planificación urbana inclusiva, desarrollo de capacidades, acceso a la tecnología y financiación necesarios para garantizar una urbanización sostenible”.
El discurso, poco alentador, tiene respaldo en los datos que se registraron en el último tiempo a nivel mundial con casi mil millones de personas (1 de 4 habitantes) viven en asentamientos informales o villas miserias. Además, el índice de personas viviendo en pobreza extrema tuvo un aumento considerable, superando marcas históricas.
Este déficit fue sin dudas una falla a uno de los principales objetivos de la Nueva Agenda Urbana, que en su primera reunión establecía: “Los Estados Miembros reconocen la necesidad de controlar el crecimiento desordenado incluyendo como indicador de los ODS la medición de la eficiencia del uso de la tierra: el coeficiente entre la tasa de consumo de tierra y la tasa de crecimiento demográfico”.
Los números que reflejan esta problemática de vivienda indican que para el 2025 serán unas 440 millones de personas las que no tendrán un espacio donde vivir, mientras que otras tantas son dueñas de decenas de inmuebles repartidos en el mundo.
El Presidente General, por su parte, expresó en relación a una de las principales deudas del compromiso internacional: “La vivienda se ha convertido en un bien comercial y los mercados de tierras urbanas son capturados por la élite política. Por lo tanto, se insta a los Estados miembros a posicionar la vivienda por encima de todo como un derecho humano”, alentó.
Se trata sin dudas de uno de los principales compromisos a afrontar, pero también uno de los más complicados de ejecutar. Para ello los gobiernos no solo deberán encontrar un espacio para aquellos nuevos ciudadanos, sino también mejorar la calidad de vida de los que actualmente habitan villas miserias.
Claro que no todas son luces frías dentro de la Agenda, e incluso se encuentran algunos avances en esta materia. Fue el propio Shahid el que destacó las políticas urbanas del gobierno español, que ha logrado avanzar en la urbanización de barrios marginales. “España estableció una serie de mecanismos innovadores de gobernanza que han facilitado la elaboración de las agendas urbanas de cinco comunidades autónomas españolas (País Vasco, Andalucía, Extremadura, Cataluña y Valencia) y los planes de urbanismo de más de 100 ciudades”.
Falta de compromiso ambiental
La excusa de la pandemia no alcanza para explicar el desgaste urbano que han tenido las ciudades durante el último tiempo. Claro que el desgaste ocasionado por la enfermedad y las restricciones a la circulación hicieron lo propio, pero desde la ONU aseguran que no hay un verdadero compromiso de parte de los Estados Miembros.
Esto se traduce en la falta de política pública instalada en las regiones, la baja eficacia de las medidas tomadas y, por sobre todo, en la falta de continuidad a los proyectos establecidos en el acuerdo en Quito.
Dicho de otras maneras, Shahid dio a entender que los gobiernos no han asumido un compromiso político para lograr una urbanización sostenible, amigable con el medioambiente y que incite a mejorar la calidad de vida de las personas. Para el Presidente General es urgente tomar medidas ambientales y apuntar hacia la construcción de ciudades sostenibles. “Ahora necesitamos cambiar esta tendencia”, concluyó. Esperan que durante los próximos años los países empiecen a desarrollar un plan de acción y que esta reunión solo sea una anécdota de uno de los tantos recordatorios que se necesitan.
