Los desafíos que enfrenta el planeta obliga a ciudadanos, empresas y gobiernos a adecuar sus visiones y a internalizar una nueva agenda, en la que el enfoque ambiental y el cambio climático tienen un lugar trascendental. En ese sentido, avanzar hacia un Estado sostenible y amigable con el ambiente requiere de la toma de decisiones públicas que promuevan la calidad de vida de su población y su entorno. Para ello es necesario que exista una obligación por parte del Estado en tomar este camino de manera responsable y obligatoria y que no sea una cuestión donde el accionar ambiental dependa de la intención personal de los dirigentes.
Con este objetivo se sancionó en noviembre de 2020 en la Cámara de Diputados de la Argentina la Ley 27.592, mejor conocida como la Ley Yolanda, que según explicaron en el oletín oficial de Nación “tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública”.
El nombre es un homenaje a Yolanda Ortiz, la primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano del país y del continente, designada en el año 1973 en medio de la intención del presidente Juan Domingo Perón de darle lugar a las mujeres dentro de la gestión.
“Los numerosos desafíos ambientales de nuestro tiempo demandan el compromiso de todos los sectores sociales y principalmente de quienes planifican e implementan políticas públicas”, explicaron desde el gobierno.
Por esta misma razón, desde el gobierno nacional llevan dos años brindando capacitaciones y formaciones ambientales a todas las direcciones, secretarías y organismos del Estado con el objetivo de “construir valores, conocimientos y actitudes que posibiliten tomar decisiones individuales y colectivas de cara a la construcción de un modelo de desarrollo sostenible”.
La intención del gobierno es poder orientar la búsqueda hacia la equidad, la justicia social y el respeto por la diversidad biológica y cultural, lo que consideran como herramientas imprescindibles para lograr la transición hacia municipios y provincias más sostenibles.
Cabe destacar que esta ley busca alcanzar a todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en sus diferentes niveles de gobierno contemplando funcionarios como así también a los empleados públicos para que así “comprendan la transversalidad de los temas ambientales en el diseño, la planificación y la implementación de las políticas públicas para contribuir, desde la gestión estatal, a la construcción de una Argentina ambientalmente sostenible”.
Esta ley homenaje a Yolanda Ortiz fue una de las más unánimes votadas en el recinto con 213 votos a favor, uno negativo y dos abstenciones, siendo sancionada en noviembre de 2020. Fue ella misma la que con su acción ambiental dio el puntapié para que esta intención esté articulada en un país que busca fomentar un modelo productivo sostenible durante los últimos años.
En su último discurso como funcionaria pública la mujer habló de conseguir ciudadanos ecológicos que ayudan a modificar la in dustria y la matriz productiva del país: “El trabajo de la revolución mental implica la modificación del individualismo atomizante; y eso no es tarea fácil, la temática ambiental no es un problema más, es el problema”.
Los distintos municipios del país, como así también los distintos organismos nacionales y provinciales han empezado con las capacitaciones que han devenido en una serie de medidas ambientales impulsadas en el territorio que van desde la gestión de los residuos hasta la importancia de modificar los hábitos de consumo y producción del país.
Esta iniciativa que lleva unos dos años en funcionamiento ya ha empezado a dar sus primeros frutos con políticas públicas como la Ley de Envases, la Gestión Integral de Residuos y la transición hacia una economía circular en los distintos puntos del país.
LINEAMIENTOS DE ACCIÓN
Desde el Gobierno Nacional han destacado los lineamientos fundamentales de acción para esta Ley. Han explicado que: “han sido fundamentales los aportes provenientes de 244 instituciones y organizaciones, siendo 113 instituciones científico académicas y 131 organizaciones de la sociedad civil con representatividad de las 24 jurisdicciones nacionales. Participaron en su validación el Consejo Interuniversitario Nacional (res. 1613/21) y el Consejo Federal de Medio Ambiente, garantizando el sentido federal de los mismos”
Además, las capacitaciones deben organizarse en 6 módulos temáticos comunes y 2 módulos temáticos a elección, según las particularidades de cada sector público o jurisdicción. La información sobre normativa ambiental vigente debe estar en cada eje temático.Los módulos temáticos comunes son: Saber ambiental; Desarrollo sostenible; Economía circular; Cambio Climático; Conservación de la biodiversidad y los ecosistemas; y Eficiencia energética y energías renovables.Algunos de los módulos temáticos por sector público o jurisdicción pueden ser: Gestión Integral de Residuos Sólidos; Producción de alimentos y soberanía alimentaria; Salud socio ambiental; Evaluación Ambiental Estratégica y Evaluación de Impacto Ambiental; Prevención del tráfico de fauna y flora; Acceso a la información pública ambiental y participación pública; Política Ambiental e Interculturalidad; Edificios Públicos Sostenible, entre otros.Lo cierto es que aún queda mucho camino por recorrer, pero desde el Gobierno Nacional ya le han puesto un nombre a esta ley homenaje que busca mejorar la calidad de vida de los argentinos y su relación con el entorno ambiental. ¿Conocías esta Ley? ¿La aplican en tu ciudad?
