Hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel mundial es sin dudas hablar de gobernanza. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo saben muy bien por lo que llevan a cabo, desde el 2013, los Premios Gobernarte, mediante el cual reconocen iniciativas innovadoras de los distintos actores de la gestión pública latinoamericana.
Esta edición 2022, la octava desde su comienzo, lleva el nombre de “Premio Pablo Valenti”- actual Coordinador Regional de Digital e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo-. Según expresaron en la página oficial del BID, este premio tiene como objetivo “identificar, premiar, apoyar y diseminar iniciativas de la gestión pública de gobiernos subnacionales como Estados, departamentos, provincias, regiones, municipios, u otras denominaciones equivalentes de América Latina y el Caribe”.
Además, la intención del 2022 tuvo el eje central en dos categorías específicas y se evaluaron las políticas pública en relación a:
- Categoría 1: Innovación pública frente a los nuevos flujos migratorios
- Categoría 2: Innovación pública para prevenir y responder al delito de trata de personas
Desde el BID ven la migración como un fenómeno que interviene directamente sobre el desarrollo de las grandes ciudades implicando en la forma de relacionarse de los individuos, ya sea culturalmente como también desde un punto de vista social y económico.
Además, la pandemia de Covid también influyó directamente en esta situación y ha “intensificado y previsiblemente aumentarán los flujos migratorios, llegando incluso a producirse movimientos imprevistos y de un gran número de personas en la región y fenómenos delictivos como la Trata de Personas (TDP)”.
En este sentido, desde el BID buscaron identificar y premiar iniciativas innovadoras en relación a la gestión pública para promover así la creatividad de todas las políticas públicas que busquen mejorar los servicios a los ciudadanos.
De esta manera, buscan poder generar una red que, al mismo tiempo que cite precedentes para la problemática, facilite la cooperación entre los gobiernos subnacionales, “profundizando el conocimiento de experiencias innovadoras en gestión pública, y expandiendo su diseminación entre actores interesados para contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional”.
Retos Latinoamericanos en relación a las problemáticas
Latinoamérica en la post pandemia se enfrenta a los retos migratorios más complejos de su historia. Según explicaron desde el BID, en los últimos 5 años, unas 6 millones de personas regresaron a los países del norte centroamericano lo que ha convertido a la región en una zona con “flujos internos complejos”.
Desde el Banco Interamericano de Desarrollo explicaron que esto significa grandes retos y desafíos para los países en relación a la “atención y asistencia humanitaria e integración socioeconómica de la población migrante”. Esto se traduce directamente en una necesidad de fortalecer el escenario de articulación entre los distintos sectores pero también una fuerte necesidad de “adecuar la estructura de gobierno para obtener una respuesta integral y efectiva a las demandas y necesidades de la población migrante”, como así también una posterior actualización de la normativa en busca de encontrar nuevas medidas integrales.
Por otra parte, la Trata de Personas, la segunda categoría presentada por el BID, es en la actualidad “un crimen y una grave violación a los derechos humanos con consecuencias devastadoras sobre las víctimas”. Esto, según explicaron, afecta directamente a mujeres, hombre niños y niñas que son explotados con fines sexuales.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC, 2020), en América Latina y Caribe (ALC), las mujeres y niñas representan la mayoría de las víctimas de Trata (entre 74% y 79%). La principal forma de TDP identificada en la región es la explotación sexual (81% en Centroamérica y el Caribe y 64% en Sudamérica), seguida del trabajo forzoso. La mayoría de las víctimas identificadas en ALC (entre 91% y 97%) provienen de su propio país o subregión.
Por esta misma razón, la problemática busca ser incentivada por el BID en busca de soluciones que les permitan enfrentar la trata de personas “incluyendo las dificultades para identificar casos, falta la información, ausencia de protocolos estandarizados y capacitación, falta de acompañamiento y protección a las víctimas y ausencia de procesos claros de coordinación entre las instituciones del sector de Seguridad Ciudadana y Justicia y otros sectores”.
Por otra parte, creen que la pandemia también afectó la exposición de muchas mujeres y niñas a esta problemática en busca de una salida laboral que les permita una ayuda económica como respuesta a la falta de trabajo y la crisis económica generada por la pandemia.
Ganadores de la edición 2022
Esta octava edición de la contienda seleccionó a las iniciativas más innovadoras presentadas por gobiernos sub-nacionales del continente tanto América Latina como el Caribe.
Dentro de la categoría que busca responder a la Innovación pública frente a los nuevos flujos migratorios, Gobernarte premio a la Atención a NNA en Movilidad del Estado Sonora en México, que busca encontrar nuevas herramientas para restituir el derecho a vivir en familia.
Otro de los premiados en esta categoría fue el modelo de Gobernanza Participativa e Intersectorial de políticas para migrantes de la ciudad de San Pablo (Brasil). Por otra parte, dentro de los pequeños municipios, la ciudad de San Miguel (El Salvador), fue premiada por su programa de Reintegración Productiva de Personas Migrantes Retornadas.
En relación a la segunda categoría, pertinente a la Innovación pública para prevenir y responder al delito de trata de personas fue premiada una iniciativa argentina del gobierno provincial de Tucumán denominada Programa de Seguridad Inteligente para Prevenir el Delito de Trata de Personas desde las Representaciones Sociales.
Esta iniciativa presentada por Jose Farhat, Secretario de Participación Ciudadana de la provincia y su equipo de trabajo ha sido vista con buenos ojos por las entidades internacionales en vistas del trabajo articulado que se viene realizando entre todos los actores de gobierno. Desde allí, bajo un esquema de Participación Ciudadana buscan resolver ciertas problemáticas sociales.
“La secretaria se presenta en su modelo de intervención desde una mirada de llevar la incorporación del vecino y la vecina a políticas públicas con matrices de prevención y de las violencias y del delito”, explicó el propio funcionario.
En segundo lugar dentro de la segunda categoría fue seleccionado el trabajo de la Alcaldía de Medellín en Colombia con su Protocolo de Prevención y Atención para Trata de Personas y, por último, otra iniciativa colombiana pero de la Alcaldía de Pereira titulada Prevención de Trata de Personas en Comunidades Educativas de Pereira: Incidencia de la organización juvenil.
El caso del proyecto tucumano para la prevención de delitos digitales
Este proyecto, que ha sido destacado y premiado por el BID, se perfila a ser una medida continental que pueda replicarse en los distintos estratos de los gobiernos latinoamericanos, ya sean municipales, provinciales o nacionales.
“La iniciativa se ha enfocado desde el 2016 en abordar los delitos desde el enfoque de la prevención socio-comunitaria, dando protagonismo a las autoridades de seguridad comunitaria y su relación con la sociedad civil, así como a la comunidad educativa para generar dinámicas participativas y crear conjuntamente mensajes y materiales de comunicación preventivos”, explicaron desde el Banco Interamericano de Desarrollo.
En una entrevista radial, Jose Farhat, el funcionario que lideró el proyecto, destacó la participación tucumana, la cual se confrontó con otras “68 iniciativas de todo América Latina y el Caribe” y explicó que representa una alegría que una política pública de la provincia haya sido premiada por esta instancia,
Por medio de esta política, se busca prevenir delitos cibernéticos como el ciberbullying o el grooming y dar a entender que se trata de una problemática actual sobre todo en el durante y el post pandemia. “Hay que hablar estos temas de ciudadania digital, hay que generar habilidades y competencias en la comunidad para anticiparse a técnicas de manipulación sobre todo con el tema del grooming, que es un delito sexual infantil y adolescente que se da por redes sociales”, concluyó Farhat.
