La electromovilidad en Latinoamérica ha dado grandes pasos durante los últimos tiempos, ya sea por medio de planes estatales u inversiones privadas, principalmente de la industria automotriz. Claro que si bien aún se está lejos de lo que acontece en China o Europa, los avances son paulatinos y se puede decir que para el 2030 se empezarán a familiarizar los vehículos eléctricos, aunque todavía no serán una proporción relevante del mercado. Según un estudio de Toyota, para dicho año se venderán unos 6 millones de vehículos en América Latina (40% más que en 2021) pero solo un 13% sería eléctricos o con energías alternativas.
Tomando el caso de Sudamérica, el nivel de patentamientos de vehículos eléctricos y alternativos en todos los países sigue siendo exiguo. Tal como lo demostramos en la nota de Utopía Urbana sobre movilidad en Latinoamérica salvo Colombia y Ecuador con una participación de 7% y 3,6% en las ventas de vehículos totales de 2021, en el resto los porcentajes son muy bajos (Brasil y Argentina entre 1,5% y 2%; mientras que Chile, Perú y Uruguay inferior al 1%).
Como también hemos repasado, en la región ya hay países como Argentina que ha presentado el Proyecto de Movilidad Sostenible nacional aunque el mismo aún tiene destino incierto en su tratamiento legislativo. Por su parte, en el caso de Chile se presentó a fin de 2021 un proyecto de ley que exime del pago de impuestos a vehículos eléctricos, mientras que en Colombia existe una Ley de Movilidad Eléctrica desde 2019, por citar algunos casos.
En tanto, Brasil busca seguir pasos similares y convertirse en uno de los grandes productores del continente, aunque también está claro que es un país en el que es muy fuerte el uso de etanol de caña de azúcar como combustible de sus vehículos flex. No obstante, ya dió sus primeros pasos hacia la electromovilidad con algunas políticas puntuales y con una expectativa de ampliar la red de carga y ahora busca avanzar un poco más.
De hecho, en el país cafetero han aprobado un Proyecto de Ley 6.020/2019 de la senadora Leila Barros (PDT/DF) que crea una política de incentivos fiscales para el desarrollo de la movilidad e investigación eléctrica en Brasil. La iniciativa fue tomada por la Comisión de Ciencia y Tecnología (CCT) y planean darle curso durante el siguiente año.
La iniciativa surge como parte de la Agenda 2030 a la que se comprometió el país, que propone la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y Gases de Efecto Invernadero (GEI) para mejorar la calidad del aire y así promover una mejor vida para los ciudadanos.
La intención de este nuevo proyecto es que las empresas beneficiarias de exoneraciones tributarias en el Programa Rota 2030 – Movilidad y Logística deberán aplicar el 1,5% del beneficio tributario en investigación para el desarrollo de tecnología para vehículos eléctricos.
Además, este proyecto que busca impulsar la electromovilidad en la región también promuever inversiones en la generación de energía eléctrica en el interior de los vehículos a partir de etanol. El propio cuerpo de la ley explica: “En los primeros diez años de vigencia de la póliza, la cuota del 1,5% de los beneficios fiscales deberá invertirse en instituciones públicas de investigación, o en investigaciones supervisadas por ellas”.
El que se refirió al respecto fue el presidente de la CCT, Rodrigo Cunha. Para el hombre, director del organismo brasilero, el país necesita realizar más inversiones en electromovilidad y darle un lugar prioritario dentro de la agenda nacional. Incluso, descontento con la realidad actual, comparó los esfuerzos cariocas con los de otros países: “En China y Alemania, por ejemplo, ha habido un rápido avance en la venta de autos eléctricos. En Alemania, estos vehículos representaron el 26% de las ventas de automóviles en 2021”, explicó y continuó: “El avance de los vehículos eléctricos es un proceso que se acelera rápidamente y es global. Entonces Brasil necesita planificar el futuro de nuestra industria automotriz, que es el 20% del PIB industrial. Necesitamos invertir mucho más en investigación y desarrollo”.
Para el referente, que se desempeña como senador de Brasil es una controversia no indagar en nuevas formulaciones químicas que determinen nuevas composiciones químicas para baterías teniendo en cuenta “la gran cantidad de riqueza mineral que dispone el país”.
Cunha avisó al respecto: “De esa manera, podemos fabricar las baterías aquí mismo y luego exportarlas a mercados extranjeros, en lugar de simplemente enviar esos recursos a otros países para fabricar las baterías”. Claro que la intención del especialista es fomentar la industria nacional y no sólo con relación a la electromovilidad: “Todavía hay un mercado importante que podría abrirse para nuestros biocombustibles, que incluso pueden usarse para motores de aviones”.
Con esta iniciativa buscan reducir los impuestos de las empresas destinadas a la electromovilidad hasta casi en R$ 9 mil millones, lo que permite que los incentivos para la investigación en movilidad eléctrica podrían lleguen a R$ 135 millones al año.
Bajo esta premisa, Leila Barrios explicó: “El impacto en el costo final podría reducir entre un 10% y un 20% el precio de los vehículos eléctricos e híbridos para el consumidor final brasileño. Todavía queda mucho camino para la viabilidad económica, porque la flota de combustible fósil tiene un precio infinitamente más bajo”.
De esta manera Brasil se dispone a dar un salto en cantidad y calidad en relación a la electromovilidad con dos objetivos claros. Por un lado impulsar la utilización de vehículos sostenibles, mientras que por el otro impulsar la industria nacional. ¿Podrán lograrlo?
