Los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) son organizaciones no lucrativas conformadas por fabricantes e importadores de productos eléctricos o electrónicos con el objetivo de gestionar adecuadamente los residuos de sus productos.
Estas organizaciones se conformaron a partir de la regulación impuesta por una Directiva de la Unión Europea que cada estado europeo debió incluir en su legislación y que establece un marco jurídico para el tratamiento de los residuos basada en el principio de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).
La norma exige a los fabricantes e importadores asumir la financiación de la gestión de los residuos que proceden de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que ellos comercializan.
Por otra parte, la Responsabilidad Ampliada del Productor es un enfoque de política ambiental acuñado por la Unión Europea, que busca trasladar los costos de gestión de los residuos generados a los productores en vez de al estado. Esta política está orientada a involucrar a los productores en la reducción del impacto ambiental de sus productos mediante el reciclaje y el rediseño con criterios de sustentabilidad.
En este contexto, los SCRAP son un recurso muy útil para las empresas, ya que, mediante la acción colectiva, se encargan de asistir a los fabricantes en sus planes de prevención y minimización de residuos y de garantizar el cumplimiento del reciclado, controlando las fases por las que pasa el RAEE y garantizando la colocación de los contenedores para su recogida selectiva.
El modelo SCRAP está ganando impulso en todo el mundo y más aún en Europa, donde el Parlamento de la Unión Europea avanza constantemente en legislación de protección ambiental. Estas regulaciones buscan limitar la degradación ambiental y mejorar la eficiencia de los recursos utilizados.
Debido a esto, los sistemas de gestión de residuos son cada vez más exigidos a las empresas y se está desarrollando un proceso de reconversión de modelos productivos en donde intervienen consultores medioambientales que las guían en el camino hacia la sustentabilidad.
La Unión Europea y la aplicación de la Responsabilidad Ampliada del Productor
La UE viene desarrollando hace años distintas políticas ambientales que se traducen en legislación a partir de la votación en el Parlamento Europeo. Ésta legislación se estructura en Directivas que luego deben ser suscritas por los estados miembro antes de una fecha límite.
En este caso particular, la Directiva 2008/98/CE regula el tratamiento de los residuos e introduce el concepto de Responsabilidad Ampliada del Productor apoyado en el principio de “quien contamina paga”.
Asimismo, la Directiva establece nuevos “objetivos de reciclado de residuos municipales: para 2025, tendrá que reciclarse un mínimo del 55 % de los residuos municipales en peso. Este objetivo ascenderá al 60 % para 2030 y al 65 % para 2035”
Por otra parte, la norma exige a los estados que planifiquen una recogida separada de residuos textiles y peligrosos de origen doméstico y otra recogida de residuos biológicos, excepto que se reciclen en el origen mediante compost u otros mecanismos.
Incluso, esta regulación señala ejemplos de sistemas de incentivos para reducir residuos, como impuestos según la cantidad de residuos o créditos para financiar el reciclaje.
