Hacia ciudades inteligentes,
sustentables e inclusivas.

Las Zonas de Bajas Emisiones tienen un rol fundamental en la sociedad moderna ya que apuntan a reducir los residuos de la combustión, uno de los principales contaminantes del medio ambiente.

La necesidad de cuidar el medio ambiente y a quienes lo habitan se ha convertido en una especie de obsesión para los países más desarrollados. Para ello, es indispensable reducir los contaminantes cotidianos de los grandes centros urbanos. En ese sentido, el concepto de Zona de Baja Emisión (ZBE), ocupa un rol fundamental dentro de las ciudades inteligentes que buscan reducir el material particulado contaminante que respiran sus ciudadanos. 

Pero para entender a hacia dónde apuntan estos gobiernos e instituciones privadas es necesario conocer a fondo de qué se tratan las ZBE. El primer objetivo es el de regular los vehículos más contaminantes, ya sea del transporte público o los de uso particular. Para ello no solo se impulsa, desde hace varios años, la llegada al mercado automotriz de vehículos eléctricos, sino que además varios países han comenzado a aplicar una especie de tributo especial a aquellos que más combustión generen. 

Dentro de esta búsqueda, hay zonas en las que directamente no se permiten emisiones, reconocidas como Zonas de Cero Emisiones, donde solo pueden circular vehículos eléctricos o con pilas de combustible hidrogenado. 

Distinto pasa en las ZBE, donde la idea es generar una especie de circulación híbrida, ya que son conscientes de la dificultad de alcanzar la totalidad de vehículos sin motor diesel y la necesidad de que pase el tiempo hasta completar aquella transición. 

Estas zonas surgen como una respuesta a la contaminación ambiental y a la necesidad de mejorar las condiciones de la capa de ozono frente a la problemática del calentamiento global. De hecho, se trata de una medida que apunta directamente a reducir la emisión de materia particulada de menos de 10 micrómetros de diámetro (PM10) o también de aquellas de menos de 5 micrómetros de diámetro. 

Cabe destacar que esta medida es una millonésima parte de un metro y es importante reducir su circulación en el aire ya que se trata de contaminantes que pueden ingresar por medio del sistema respiratorio a los pulmones de quienes lo respiran. 

Son millones las personas en el mundo que pasan en promedio más de una hora arriba de sus vehículos para dirigirse a trabajar o a llevar a sus hijos a cumplir con sus obligaciones. De allí se desprenden miles de millones de partículas contaminantes que quedan dispersas en el aire de las grandes ciudades. A mayor concentración de automóviles, mayor concentración de toxinas en el ambiente. 

De hecho, la OMS clasificó como cancerígenas a las emisiones diesel por su alto grado de contaminación del aire dejando, además de las partículas finas, dióxido de nitrógeno y ozono. Contaminantes que han obligado a la Comisión Europea a tomar cartas en el asunto e impulsar las ZBE en el viejo continente. 

Por esta razón los distintos gobiernos han dictaminado políticas públicas para reducir la combustión. En algunos vehículos simplemente alcanza con el uso de un filtro diesel en los motores que capture las pequeñas partículas contaminantes, pero eso no alcanza a los transportes pesados como pueden ser camiones y autobuses. De hecho, aquellos que pesen más de 3,5 toneladas quedan prácticamente fuera de la circulación permitida. 

Los países con mayor acceso a nuevas tecnologías sustentables ya dieron el primer paso hacia una movilidad menos contaminante y pusieron en marcha planes de acción, como por ejemplo la Ley de Cambio Climático que rige la obligatoriedad de disminuir las emisiones en aquellas localidades con más de 50.000 habitantes.  

Si bien esta ley tiene su réplica en los países latinoamericanos, las ZBE no se encuentran reguladas en el continente.  Es por eso mismo, que lejos de las posibilidades tecnológicas de los países nórdicos, los gobiernos latinos han tenido que acudir a la creatividad para reducir las emisiones. 

Alternativas viables a las ZBE

Lejos de países como España, uno de los casos emblemáticos a nivel mundial con casi 149 ayuntamientos en los que se empieza a aplicar la obligatoriedad de ZBE,  algunas ciudades como Buenos Aires ya empiezan a gestionar sus primeros buses eléctricos. Aunque aún se encuentra lejos de ser una cifra significativa (cómo ya lo empieza a ser en la región en algunas ciudades colombianas y en Santiago de Chile), desde el gobierno de la Ciudad Autónoma proponen el aumento de la periodicidad del subte para que una mayor cantidad de ciudadanos tenga acceso a un transporte sin combustión. 

Si bien parecen medidas algo tibias o lejanas, se trata de los primeros acercamientos a una movilidad responsable, sustentable y amigable con el medio ambiente. 

Otras experiencias similares que apuntan a reducir la combustión son los car sharing, o vehículos compartidos. Tal como lo dice el propio nombre, la idea es que distintos usuarios alquilen vehículos eléctricos por periodos cortos de tiempo para realizar viajes de corta y mediana distancia. 

Por otro lado, la congestion charge, una medida vigente en las calles de Londres que se encarga de cobrar tarifas a los vehículos con motor diesel que circulen por determinados puntos de la ciudad. Esta recaudación es utilizada directamente para invertir en nuevos transportes públicos eléctricos. 

Además, a lo largo y ancho del mundo se han creado innumerables apps que buscan compartir viajes o incluso realizar rutas a demanda de los pasajeros del transporte urbano, mediante la cual los choferes directamente van hacia donde está la gente. 

A estas medidas pueden sumarse también los kilómetros de ciclovía y los andenes exclusivos para  el transporte público, una medida que evita los embotellamientos y por ende la cantidad de combustión diaria. 

Con medidas incipientes y un desarrollo tecnológico que se encuentra a casi una década de distancia entre Latinoamérica y los países europeos,  el desarrollo de las ZBE a nivel mundial tiene distintos niveles de eficacia. 

Como sea, parece ser un proceso irreversible al que las principales potencias apuntan a cumplir de cara al 2040.  Se trata, claro, de un proceso que deberán llevar a cabo tanto los gobiernos nacionales y locales como las empresas privadas. 

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