IRSA, la empresa dueña del predio de Costanera Sur y de los principales shoppings del país, acordó con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la construcción de su proyecto inmobiliario a gran escala, a cambio de la cesión del 67% del terreno para la instalación de un parque público a la vera del río.
La parcela de más de 71 hectáreas, es la más grande de la ciudad y se encuentra en desuso hace 30 años. El proyecto de IRSA, llamado Santa María del Plata, contiene la construcción de viviendas, oficinas, locales comerciales, un polo gastronómico y un área de entretenimiento que urbanizarán el 33% del predio.
Estas edificaciones deberán ser habilitadas mediante un cambio de zonificación en el Código Urbanístico y permisos especiales para la construcción de torres de más de 30 pisos. Por eso el convenio entre IRSA y el Estado deberá ser aprobado por la legislatura porteña, donde se descuenta su aprobación por parte del bloque de Cambiemos y sus aliados.
El permiso para construir grandes torres va a propiciar un enorme incremento del precio del suelo. Según el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el precio de la tierra pasaría a ser de alrededor de US $1.600 millones, es decir, 32 veces más que los US$ 50 millones de dólares que desembolsó la empresa para comprar el predio hace 24 años.
Por otra parte, la iniciativa prevé una inversión por parte de IRSA que ronda los US $250 millones. Incluidos la construcción y mantenimiento del parque público por 10 años y aportes presupuestarios para el área de Innovación, Ciencia y Tecnología y para el Fondo de Desarrollo Urbano Sostenible de la Ciudad.
La situación legal del proyecto
Luego del anuncio del acuerdo entre el gobierno de La Ciudad de Buenos Aires e IRSA, fue presentada una acción de amparo colectivo ambiental por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el IPYPP de Unidad Popular y la Defensoría de Laburantes.
El recurso de amparo fue aceptado por el juez Guillermo Scheibler, quien ordenó al gobierno suspender la aprobación del proyecto hasta que se realice la Evaluación de Impacto Ambiental y la Audiencia Pública Obligatoria que exige la ley N° 123 respecto del convenio urbanístico.
Esta medida fue apelada por el gobierno pero la Cámara de Apelaciones del Fuero en lo Contencioso, Administrativo y Tributario todavía no se expidió al respecto. Por eso se está demorando el tratamiento del proyecto en la legislatura porteña.
