Por Lic. Jerónimo Galán
“Ya no habitamos la tierra y el cielo, sino Google Earth y la nube. El mundo se torna cada vez más intangible, nublado y espectral. Nada es sólido y tangible”. (Byung-Chul Han)
“Vivimos en un mundo que se ha vuelto digital”, decía Manuel Castells hace ya más de una década. No es una novedad que los niveles de uso de internet y de redes sociales eran ya inmensamente elevados antes del inicio de la pandemia, y responden a un fenómeno de transformación que impacta en los diferentes aspectos de nuestra vida económica, política y social.
Pero igualmente cierto es que las limitaciones impuestas por la pandemia han profundizado notablemente esta tendencia a habitar cada vez más profusamente la red, ante la imposibilidad de vincularnos físicamente. Y esto generó enormes desafíos para el sector empresarial y emprendedor, el mundo laboral, la gestión pública, las comunicaciones interpersonales, la práctica educativa, etc., que aún hoy siguen vigentes.
Un par de datos para comprender la relevancia de esta tendencia acelerada por el Covid-19: en Argentina, el porcentaje de usuarios de internet por sobre la población total se incrementó de 2020 a 2021 de 78% a 80% y el tiempo de uso promedio de internet se incrementó un 10%, llegando a 9 horas y 39 minutos promedio diario.
La respuesta del mercado no se hizo esperar: en un proceso no exento de trastornos, quiebras y reconversiones, estas transformaciones generaron un extraordinario desarrollo de los canales de marketing, venta y comercialización por parte del sector privado.
Por parte del Estado, los cambios generados por la pandemia implicaron redoblar esfuerzos en función de achicar la brecha digital, generando condiciones para una ampliación del acceso a la red; entre ellas la declaración de los servicios TIC como servicios públicos. Del mismo modo, el mandato de dar un mayor impulso a las políticas de Gobierno Digital.
Ahora, en nuestro rol de ciudadanos estos cambios vertiginosos nos comprometen a reflexionar sobre el concepto de Ciudadanía Digital, sus implicancias y desafíos. El entorno digital, como espacio que trasciende la territorialidad física, ¿implica la necesidad de construir nuevas reglas y normas de convivencia? ¿Es necesario pensar qué derechos y obligaciones tenemos en tanto habitantes de la red? ¿Cómo afrontamos problemáticas como las Fake News, el grooming, el ciberbullying y las estafas virtuales?
Implicancias y desafíos de la Ciudadanía Digital
Dos preguntas disparadoras podrían ser: ¿basta con tener acceso a internet para ser un ciudadano digital? ¿La Ciudadanía Digital está vinculada meramente a nuestra capacidad de hacer uso de las herramientas que nos proponen las TIC? Si bien una mirada simplista del concepto de brecha digital podría anclarse solamente en estos elementos, al respecto José Manuel Robles define como ciudadano digital “aquel individuo, ciudadano o no de otra comunidad o Estado, que ejerce la totalidad o parte de sus derechos políticos o sociales a través de internet, de forma independiente o por medio de su pertenencia a una comunidad virtual”.
Y advierte que para acceder al status de ciudadano digital es menester contar con una serie de condiciones: acceso a internet; posesión de habilidades de manejo de tecnología medio / alto; y el reconocimiento de la utilidad de los servicios que ofrece la red. A estos requisitos, les adiciona la necesidad de sentar las condiciones para que la ciudadanía se apropie de la red como un espacio para la acción social y política, ligado a la defensa de derechos, la denuncia, la participación, el vínculo con el Estado, etc.
Es decir, no se trataría solamente de contar con acceso a internet, ni con habilidades para el uso de las tecnologías, sino también implica el desarrollo de una mirada crítica para evaluar las herramientas e informaciones que la red pone a nuestra disposición, para generar y compartir contenidos e interactuar con otras personas de manera responsable en el ámbito digital.
Y para reforzar esta última dimensión, retomando a Roxana Morduchowitz podemos pensar que el término Ciudadanía Digital supone “una condición que se pone en juego mediante una práctica participativa, que no solo ampara, sino que propone, crea, exige, toma decisiones y genera transformaciones”.
En ese sentido, la autora sostiene que el ejercicio de una ciudadanía plena está intrínsecamente ligado al derecho a participar, y define a la participación como “actuar con la idea de generar transformaciones por el bien común y en defensa de los derechos humanos”, que implica una acción enmarcada en lo colectivo.
Por ello es fundamental promover acciones de articulación entre los diferentes actores – Estado, sector privado, organizaciones sin fines de lucro, con un fuerte rol del sistema educativo y los medios de comunicación – para promover el acceso a las TIC, su conocimiento y uso instrumental; pero además fomentar la conciencia sobre los desafíos que implican, una mirada crítica y analítica en el acceso a la información, la construcción de espacios de convivencia digital responsable y el despliegue de una cultura participativa en función de producir un beneficio en la comunidad.
Por supuesto, estas consignas pueden parecer un tanto ambiciosas, pero no se trata de otra cosa que de tomar conciencia de estos desafíos que traen aparejados las transformaciones digitales y de instalar con más fuerza en la agenda pública debates tan necesarios. Ello, en un país que tiene aún enormes deudas sociales y que si bien realizó importantes avances en materia de consolidación de la democracia desde 1983 a la fecha, puede actualizar mandatos para el fortalecimiento de la ciudadanía y de los valores democráticos en la era digital.
