Por Lic. Gabriel Losano
Cuestiones y problemáticas urbanasrelacionadas a la movilidad, el medioambiente, el acceso a la vivienda, la pobreza y el déficit de infraestructura básica están en los discursos de los gobernantes y actores que les compete el tema. Éstos coinciden, por lo menos en sus discursos, que en una ciudad compacta estos problemas se atenuarían en relación a la ciudad “difusa”. Pero ¿qué es una ciudad compacta y una difusa y por qué se las vincula a estas cuestiones?
La idea de una “ciudad compacta”, fusiona los conceptos de uso múltiple e intensivo del suelo con la concentración de funciones y actividades en el territorio. Esta mayor complejidad del territorio urbano permite mejorar la funcionalidad de la ciudad a partir de relaciones de proximidad, un ahorro de combustible y transporte, materiales y suelo, y la posibilidad, por esa compactación o desarrollo no difuso, de preservar el entorno agrícola y natural. Este modelo tiende a aumentar la complejidad, con diversidad funcional, heterogeneidad poblacional, y con el menor consumo de recursos posible al no tener que abastecer población dispersa en grandes extensiones. En definitiva este modelo de ciudad tiende a promover una provisión más eficiente de infraestructuras y servicios urbanos, como así también, la oportunidad a la ciudadanía de tener acceso a la ciudad e integrarse socialmente en el espacio urbano.
Por el contrario, el “modelo difuso” de ciudad se basa en un crecimiento urbano de fuerte expansión territorial hacia la periferia con alto consumo de suelo a partir de la adición de uso residencial, de complejidad mínima de actividades, lo que produce fragmentación espacial y segregación residencial según niveles de ingresos; lo cual fomenta el vínculo exclusivo entre semejantes. Esta falta de complementariedad y sectores urbanos monofuncionales produce una fuerte demanda de viajes motorizados, sobrecarga de las infraestructuras de movilidad, incrementa los tiempos de viaje, los consumos de recursos y los costos de gestión urbana. En la ciudad difusa se lotea sin urbanizar; es decir un área rural o semirural se subdivide la propiedad en parcelas más pequeñas sin la infraestructura y el equipamiento propio de la ciudad.
En los últimos años, el debate se ha inclinado en los organismos multinacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hacia la ciudad compacta, partiendo de los evidentes costos y desventajas generadas por la ciudad difusa periférica y de las “ventajas” de la práctica modernizante y de alta rentabilidad para el sector inmobiliario-financiero mundializado que reconstruye la ciudad central mediante la verticalización y redensificación sin límites. En efecto, el discurso pasa por la densificación para hacer más sustentable a la ciudad, cuando en realidad lo que predomina es la maximización de la rentabilidad de los agentes inmobiliarios (expresada en la magnitud y características del producto edificado), por sobre aspectos técnicos y de calidad urbana.
Estos discursos a favor de la ciudad compacta, están siendo muy bien aprovechados por los agentes inmobiliarios a expandir las áreas de densificación incorporando productos inmobiliarios de las áreas céntricas a la periferia: reducción de las dimensiones de los lotes, densificación constructiva en áreas periféricas vulnerables como humedales y cursos de agua, edificios de departamentos en las periferias (inclusive en las urbanizaciones cerradas), etc. Al mismo tiempo, se promueven políticas de densificación y verticalización de las áreas periféricas bajo la consigna de la “ciudad compacta”, políticas que, en muchos casos, han significado la expulsión de población de bajos ingresos por el incremento descontrolado y especulativo de las rentas del suelo; las torres de departamentos de lujo, oficinas corporativas, centros comerciales y de servicios y de usos mixtos, se combinan, ocupando los terrenos de las áreas de vivienda de diferentes sectores sociales ubicados en zonas que eran de baja densidad.
Si se toman referencias internacionales, se busca una ciudad compacta que permita avanzar hacia una movilidad sustentable en la que se prioriza al peatón; que rediseñan su infraestructura urbana y brindan más servicios en la cercanía; que privilegian la habitabilidad y el medio ambiente; que buscan una mayor inclusión; y que disponen de gobiernos locales que entienden esta lógica y la dinamizan. Pero al permitir que el mercado decida, éste busca la ganancia extraordinaria a través de la “máxima construcción en la menor superficie”. El resultado es un centro con servicios e infraestructura obsoleta, inadecuada, saturada y una periferia, cada vez más extensa, donde éstos son escasos. Los gobiernos locales, parecen aferrarse a la densificación constructiva constante o sobredensificación cuyos resultados son contrarios a lo que pregona una ciudad compacta.
El efecto de sobredensificar los centros tradicionales y densificar cada vez más las periferias sin una regulación efectiva por parte de los gobiernos locales, tienen un efecto expansivo en las áreas urbanas. En los centros tradicionales se encuentran las parcelas de menor dimensiones permitiendo la construcción de cada vez más viviendas expresándose en edificios con gran cantidad de pequeños departamentos con escasa iluminación y ventilación los cuales no cuentan con cochera, siendo aptos para hogares de una o dos personas; sucediendo lo mismo para locales comerciales o de distintos servicios: aquellos que necesitan más espacio deben buscarlo lejos del centro. Pero a su vez se produce un alza en los precios del suelo por el aumento de los indicadores constructivos al obtener mayor rentabilidad, aumentando un costo para algo tan esencial como lo es la vivienda y que, también, perjudica a todas las actividades económicas.
La gran concentración de actividades hace que sea un gran demandante de viajes, por lo cual hay que adecuar las vías de circulación en donde se recurre a la supresión del espacio ocupado por plazas, ramblas verdes, generando pérdida de espacio público verde o peatonal; además de la tradicional congestión de tránsito.
La densificación del espacio privado sin contemplar el aumento de espacio público genera una pérdida de este último. La construcción de unidades más reducidas tanto para residir como para la actividad comercial, hacen que se demande más lugar recurriendo al espacio público; “privatizando” el uso de las calles y veredas de nuestras ciudades, para ganar un espacio en el que puedan exhibirse mercaderías o descargarlas, dejar el auto, poner mesas para los clientes, etc.
La importancia que tiene el espacio público reside como elemento de articulación física, simbólica y social. Espacio público como lugar de encuentro entre grupos sociales complejos y diferenciados, que exhibe la condición sociocultural de la vida urbana. Por ello el espacio público debe ser de calidad, accesible y abundante dado que es un espacio de integración social. Y un buen diseño y gestión del espacio público es un activo clave para el funcionamiento de una ciudad y tiene un impacto positivo en su economía, medio ambiente, seguridad, salud, integración y conectividad.
La sobredensificación de ciertas áreas urbanas implica también el aumento de la demanda de espacios verdes públicos en busca del aire y sol que no se dispone en las viviendas. Antes uno recurría al patio ahora debe recurrir a una plaza. En estas áreas fuertemente densificadas, las cuales no se incorpora estos espacios verdes, hace que distintas funciones del parque desde los puntos de vista recreativo, ambiental, higiénico-sanitario sean cada vez más buscadas por sus habitantes.
Con la aparición del Covid tomó fuerza la relación entre la salud y el entorno urbano. ¿De qué manera es posible mantener la “sana distancia” en las hacinadas ciudades y viviendas donde se permitió (por omisión o normativa) la construcción de viviendas, locales y oficinas en cajas minimalistas faltantes de luz natural, de buena ventilación y ambientes reducidos? Cuando una vivienda no tiene una buena ventilación está contribuyendo a la mala higiene y la mala calidad de aire al interior de la vivienda, ayudando a que las enfermedades respiratorias (segunda causa de muerte en el país-Ministerio de Salud; 2019) se pueden incrementar.
No es fortuito que ONU-Hábitat y la OMS hayan aunado fuerzas con el fin de elaborar orientaciones prácticas para integrar la salud en la planificación urbana y territorial. Sostienen que las enfermedades pueden prevenirse prestando atención al diseño, a la construcción y a la gestión de los entornos en que vive la gente. La planificación urbana y territorial puede atenuar los riesgos para la salud vinculados a las enfermedades transmisibles y no transmisibles, promover una vida sana, favorecer el bienestar y contribuir a la reducción de las crecientes desigualdades sanitarias.
La distribución, la calidad, el emplazamiento, la accesibilidad y la gestión de los espacios públicos abiertos repercuten en la salud y la equidad sanitaria, de manera directa, por medio de sus determinantes principales (Organización Mundial de la Salud y ONU-Hábitat, 2021).
Vemos entonces que los resultados urbanísticos son contrarios en lo que hacen a la sustentabilidad y calidad de vida: reducción de espacio público, espacio verde y arbóreo, construcciones altas entre medianeras con poca luz y ventilación, a su vez las mayores alturas se permiten lindantes a los espacios verdes. El resultado es la conversión del espacio abierto y el sol en bienes escasos. Si bien, con excepciones y/o intervenciones puntuales, la política de suelo actual promueve la lógica del máximo aprovechamiento del suelo urbano, al impulsar procesos de densificación que perjudican a la ciudad como hecho colectivo y a la distribución tanto poblacional, actividades, equipamiento e infraestructura; todo lo cual resulta en una forma urbana inviable en términos de sustentabilidad y de gestión.
El discurso, entonces, debería orientarse a cómo podrían desarrollarse procesos de densificación sustentables en nuestras ciudades y cuáles serían las variables clave para construir instrumentos regulatorios que nos aproximen hacia un modelo sustentable de ciudad. Pero es necesario establecer un pacto social entre gobierno y ciudadanía y sector público y privado para poder aspirar a un mayor bienestar colectivo combinando equilibradamente espacios urbanos residenciales y comerciales con espacios públicos pudiendo mejorar la salud pública, la economía local y la relación con el medio ambiente.
El autor es Magister en Economía Urbana (Universidad Torcuato Di Tella). Profesor e Investigador en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FAHCE), Departamento de Geografía, Centro de Investigaciones Geográficas, Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS), Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Jefe de Trabajos Prácticos en el Seminario sobre Problemas de la Geografía Económica Argentina. Temas de investigación se vinculan a la Planificación y Gestión Territorial, la Economía Urbana y las Políticas Públicas Urbanas.
